El Salvador y la minera Pacific Rim, que recién fue adquirida por la compañía australiana Oceana Gold, cerraron ayer el episodio final del litigio que sostienen ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la concesión de explotación del subsuelo salvadoreño a la que la transnacional dice tener derecho. Los salvadoreños, por su lado, alegan que dicha concesión nunca existió.
La jornada de ayer, realizada en la sede del CIADI –adscrito al Banco Mundial– en Washington, fue la última de una serie de audiencias que iniciaron la semana pasada. Estos encuentros, según fuentes cercanas al caso, sirvieron para que las partes expusieran el fondo de sus argumentos.
En síntesis, según lo planteado por Pacific Rim cuando presentó su caso ante el CIADI en septiembre de 2009, El Salvador ha irrespetado una concesión de explotación minera que había extendido durante la administración del presidente Antonio Saca en favor de la compañía extranjera. PacRim se amparó, para presentar su reclamo, en la reglamentación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR, en inglés) y en la Ley de Inversiones de El Salvador.
A esto, el Estado salvadoreño, representado en Washington por el bufete Foley Hoag, respondió que PacRim no tenía derecho a ampararse en las leyes CAFTA porque no es una compañía que haya tenido operaciones verificables en suelo estadounidense. “Nunca se le encontró una dirección, un teléfono, un escritorio”, aseguró uno de los agentes que representan los intereses salvadoreños ante el CIADI.
Además, y ese ha sido el centro de la argumentación de El Salvador en esta última etapa, PacRim nunca fue acreedora de la concesión; por lo tanto, su reclamo al amparo de la Ley de Inversiones no tiene cabida.
La minera, por su parte, ha alegado que siempre tuvo derecho a la concesión y que incluso ya había hecho inversiones en El Salvador, por lo que ha pedido resarcimiento económico al Estado salvadoreño. PacRim también argumentó que ha sido objeto de expropiación por parte de San Salvador.
Aún queda un trecho
La jornada de ayer marcó el cierre del último episodio de alegatos de las partes ante el tribunal, formado por tres jueces, pero la resolución final aún puede estar a meses de producirse: la reglamentación interna no da a CIADI límites de tiempo específicos para resolver.
Una de las partes cree, basada en el tiempo que el tribunal se ha tardado en resolver otros reclamos en este caso, que la decisión podría tardarse incluso más de seis meses.
“Para resolver el tema jurisdiccional relativo al CAFTA el tribunal se tomó casi un año, así que solo podemos especular”, aseguró vía telefónica el abogado Luis Parada, del bufete Foley Hoag.
Durante las audiencias de la semana pasada, en buena parte de las cuales asistió el fiscal general salvadoreño, Luis Martínez, El Salvador presentó cinco peritos: José Alberto Tinetti, en materia de derecho constitucional salvadoreño; Karla Serati de Vega y José María Ayala, en materia de derecho administrativo; Carlos Peñate, derecho civil; José Roberto Tercero, para hablar de la Ley de Inversiones; y James Otto, como experto en leyes de minería. Pacific Rim se abstuvo de presentar especialistas.
Antes de las jornadas de la semana pasada, no obstante, la minera había acudido a varios congresistas estadounidenses para tratar de exponer su caso en la arena política.
* El autor es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.
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